Tras un intenso debate y una ajustada votación, el Pleno del Congreso ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, un paso clave hacia la descarbonización del transporte en España y la construcción de un sistema de movilidad más justo, eficiente e inclusivo.
La aprobación del texto en la Cámara Baja permitirá ahora su tramitación en el Senado, avanzando hacia la entrada en vigor de la primera ley estatal de movilidad sostenible, una normativa esencial para reducir el impacto del sector más contaminante de la economía española.
Las 15 organizaciones de la sociedad civil que integran la coalición —entre ellas eco-union— valoran positivamente el apoyo de los grupos parlamentarios que han hecho posible su aprobación y destacan el trabajo conjunto realizado desde 2022 para mejorar el texto en materia ambiental y social.
Entre los logros alcanzados durante la tramitación destacan:
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El compromiso en el objeto de la ley de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Esto supone que por primera vez se aplican objetivos de descarbonización total de un sector económico en particular.
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El reconocimiento de la multimodalidad, la eficiencia energética, la justicia social y la inclusividad como principios rectores del sistema de movilidad.
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La obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500.
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La obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte, y la inclusión de su definición.
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La revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones reales de CO₂ de los vehículos.
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La eliminación de la mención del gas natural licuado —de origen fósil— como combustible prioritario en el transporte marítimo.
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El impulso de la eliminación de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas.
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La recuperación de trenes nocturnos y de conexiones ferroviarias con el resto de países de la Unión Europea.
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La elaboración de una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta.
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La promoción de la movilidad infantil en la planificación de los entornos urbanos.
