A medida que comienzan las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE, eco-union se ha unido a la Coalición Democracy for Transition (D4T) para reclamar que la gobernanza democrática, la participación ciudadana y la justicia social sigan estando en el centro del futuro presupuesto de la UE.
La nueva carta conjunta de posicionamiento de la Coalición D4T, “Integrar la gobernanza democrática y la infraestructura social en el MFP posterior a 2027”, destaca un desafío clave: a medida que la financiación de la UE se orienta hacia instrumentos más grandes, flexibles y gestionados a nivel nacional, existe el riesgo de que se debiliten la participación democrática y las salvaguardias medioambientales y sociales.
La coalición sostiene que una transición climática exitosa y justa requiere más que financiación para proyectos y medidas políticas. También requiere invertir en Infraestructura Social Democrática (DSI): los mecanismos de gobernanza, las capacidades cívicas, las redes, los marcos jurídicos y los recursos que permiten a las comunidades y a la sociedad civil participar de manera significativa y sostenida en la elaboración de políticas climáticas y medioambientales.
La carta reclama una mayor participación de la sociedad civil, una verdadera cogobernanza multinivel, mecanismos permanentes de participación, infraestructuras democráticas locales y regionales duraderas, apoyo a largo plazo para las organizaciones de la sociedad civil y una mayor transparencia y rendición de cuentas en la financiación climática de la UE. También reclama una aplicación sólida del principio de “No causar un perjuicio significativo” (DNSH) en todo el MFP.
Para eco-union, esto refleja un principio esencial de una transición climática justa: la gobernanza democrática no es un elemento secundario de la política climática, sino una condición necesaria para una transición legítima, socialmente justa y políticamente sostenible.
Como miembro de la Coalición D4T, eco-union se complace en contribuir a este llamamiento colectivo a favor de un presupuesto de la UE que refuerce la acción climática y, al mismo tiempo, garantice que las comunidades, la sociedad civil y los grupos afectados tengan un papel significativo en la definición de la transición.